Por: Liliana Mora León
En América Latina, esperamos que este año continúe la tendencia de fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y evaluación de la política pública en varios países de la región. El liderazgo está marcado por Chile, México, Brasil y en los últimos años Colombia, países caracterizados por estabilidad política y económica a pesar de la crisis que impera en otras regiones.
En América Latina, esperamos que este año continúe la tendencia de fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y evaluación de la política pública en varios países de la región. El liderazgo está marcado por Chile, México, Brasil y en los últimos años Colombia, países caracterizados por estabilidad política y económica a pesar de la crisis que impera en otras regiones.
El
sistema chileno es el de mayor trayectoria y el mejor posicionado en estudios realizados por el Banco Mundial.
Este país logró institucionalidad en todos los niveles de gobierno, y gran
continuidad en la política de mejorar la gestión pública. Los resultados de las
evaluaciones son utilizados ampliamente, existen capacidades técnicas y la
eficiencia en los procesos evaluativos es creciente.
Por
su parte, Brasil y México avanzan en sistemas con alta descentralización, la gestión
está directamente relacionada con capacidad técnica y el liderazgo de cada municipio. En
el caso de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación lidera desde un
nivel central los procesos de seguimiento y evaluación, pero los avances en los
municipios son bastante desiguales; hecho relacionado con las grandes diferencias en los
presupuestos, las capacidades técnicas y el liderazgo político desde lo local.
El
Perú, principalmente con el apoyo de diversas agencias de cooperación
internacional, tiene una de las redes de evaluadores con mayor número de miembros,
aún así los procesos de evaluación del impacto de los programas en las instituciones
gubernamentales son limitados.
La
crisis política y social de países como Venezuela, la gran inestabilidad e incertidumbre de la situación, hacen suponer
una continuidad del estimado actual en el tema, con poca priorización de la
materia en este territorio, con un marcado hermetismo sobre los resultados
verdaderos de las políticas públicas.
En
los últimos años, las corrientes socialistas de países como Ecuador y Bolivia,
han disminuido de manera importante la participación de las agencias de
cooperación internacional; organismos que impulsaban con recursos económicos y
humanos los procesos de evaluación de diferentes programas a nivel país. Lentamente,
el país asume la evaluación del impacto de la política pública, pero este
proceso es incipiente.
Con
el apoyo directo del BM y el BID, se han creado diferentes redes de seguimiento
y evaluación de la política pública en la región; entre ellas: RECOLME y RELACME.
Estas redes virtuales son un espacio para el intercambio de experiencias entre
los países, la difusión de información y
la generación de eventos para el fortalecimiento técnico de los miembros. No
obstante, las necesidades de capacitación sobrepasan la oferta actual de las
redes, y es necesario generar procesos de instrucción técnica más
especializada, de mayor acceso, continuidad y periodicidad.
En
términos globales, el acceso a los informes completos de las evaluaciones de
impacto es muy limitado, no existe aún una cultura de la información oficial
como un bien público. La no disponibilidad de la información completa, es un
obstáculo para dar un concepto sobre la confiabilidad y validez de los
resultados de las evaluaciones en la mayoría de los países.
Es
bien conocido el papel que han jugado los donantes internacionales o las
agencias de cooperación internacional, apoyando con recursos financieros y técnicos.
Como bien lo demuestra la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, es posible mejorar la información nacional en temas claves de
desarrollo. A pesar de los avances, aún existen debilidades notorias en los sistemas
estadísticos y las fuentes de información en la mayoría de los países de
América Latina y del Caribe.
La
crisis mundial afectó el flujo de recursos de la cooperación internacional, con
una caída constante de la ayuda a los países de la región. Los modelos de
cooperación están cambiando de una co-gestión de los recursos a un modelo de
apoyo al presupuesto general de los países receptores. Este último hecho da
mayor responsabilidad al país socio, pero a la vez puede conllevar una
disminución del impacto real de la ayuda al desarrollo, más aún en sistemas
políticos con altos niveles de corrupción y baja eficiencia administrativa.
Un
paso básico en el que es necesario trabajar asiduamente, es la evaluación
costo-beneficio de los programas públicos y sus diferentes estrategias de
intervención, sólo de esta manera está justificado realizar evaluaciones de
impacto de alto costo, que permitan modificar la eficiencia de los programas y
sus resultados, en una cultura de ahorro por el bien común.
Algunos
gobiernos de la región han avanzado, desde hace varios años en la rendición
pública de cuentas. Diferentes mecanismos están siendo institucionalizados,
entre ellos las asambleas populares, las urnas virtuales, la declaración ante
el congreso o los concejos de gobierno. Todos estos medios constituyen un paso
importante para el control de la gestión pública, pero existen en la mayoría de
los países, una desconfianza respecto a la veracidad de la información
reportada y la participación social de la sociedad civil en el control de la
gestión es débil.
Nuevos
retos se vislumbran ante la gran amenaza de los desastres naturales y el
impacto del cambio climático. La historia de los últimos años muestra la gran
vulnerabilidad de los países ante estos riesgos, y los altos costos que están
implicando los procesos de atención inmediata y reparación. Los déficit son evidentes
en el área de seguimiento y evaluación de las programas de atención de
desastres en varios países de la zona.
Por
último, en sistemas judiciales y penales que favorecen la impunidad ante los
casos de corrupción en las instituciones públicas, y donde no existe
obligatoriedad de convertir en acciones las recomendaciones de las
evaluaciones, la tarea del evaluador puede llegar a ser improductiva.
Afortunadamente, este no es un caso generalizado, y existen gobiernos locales,
departamentales o nacionales, que buscan mejorar continuamente la gestión
pública mediante evaluaciones de mayor calidad, esperamos que estos líderes
aumenten cada día, para trabajar por el cambio social que millones de
ciudadanos esperan.
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